La Ley 25/2013 ha permitido dar un impulso significativo a la gestión de las facturas, aunque su puesta en marcha no ha estado libre de dificultades, ya que ha supuesto un importante esfuerzo tanto por parte de la Administración pública, como por parte de los proveedores que han debido buscar solución y adaptarse a los distintos puntos de entrada.
A día de hoy, se han solucionado gran parte de las incertidumbres iniciales y podemos hablar de más de 10 millones de facturas enviadas a la Administración.
Estamos en los inicios de un proyecto en el que el cambio no debe orientarse únicamente para cumplir con la obligatoriedad, ya que la factura electrónica aporta un gran número de ventajas que deben tenerse en cuenta, como son el ahorro en costes y tiempo, optimización de la gestión, mejor integración de la información, mayor seguridad e inmediatez en el envío…
La Comisión de Factura Electrónica de AMETIC ha realizado un pequeño estudio de los ahorros que supone el uso de la Factura Electrónica frente a la de papel. En el que se obtiene un 63% de ahorro en los costes de emisión de factura y un 69% en la recepción.
No obstante, en este estudio no se han podido tener en cuenta los costes asociados al periodo de transición que la entrada en vigencia de la Ley 25/2013 ha supuesto y la previsión se basa en un cambio sin transiciones que pasa a ser 100% electrónica, mediante comunicación entre máquinas, por lo que los ahorros actuales de la facturación electrónica, serán menores.

