¿Se puede transformar un país sin reformar su Administración?
La urgencia de gestionar con eficacia los fondos europeos pone de relieve que España necesita reformar los criterios de selección de sus altos funcionarios
En nuestra serie de comentarios sobre los Perte hemos identificado los tres aspectos –las regulaciones europeas, las leyes españolas y las exigencias de las convocatorias competitivas españolas– que pueden estar en los orígenes de que estos instrumentos tan ambiciosos no estén alcanzando sus objetivos de transformación de la sociedad española. En esta ocasión queremos detenernos en otro cuello de botella que no es otro que la necesidad de contar con una Administración moderna, así como a plantear algunas propuestas de solución que, más allá de las que se han adelantado para cada una de las tres barreras anteriores, nos parece que está en la base de los cambios inaplazables.
Esta exigencia se hace más imperiosa ahora que ya sabemos, a través de la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el Gobierno ha publicado recientemente sus ideas para profundizar en la utilización de los fondos Next Generation EU. En el documento se precisa la posición de España ante el segundo tramo de los fondos europeos, el segmento relativo a los préstamos, que ascenderá por encima de los 84.000 millones de euros. De esta cantidad, se prevé que se dediquen a los Perte el impresionante presupuesto de 20.000 millones. Los interrogantes de cómo gestionar este incremento de recursos en la presente situación de confusión creada alrededor del presente tramo de subvenciones no hace sino acrecentar la urgencia en encarar el final del periodo hasta el año 2027 con una profunda remodelación de los instrumentos con los que se está operando en estos momentos.
Es imperiosamente imprescindible disponer en esas Administraciones de personas preparadas en cantidad y calidad suficiente en materias que son esenciales para la gestión de los países en el siglo XXI (ciberseguridad, tecnologías industriales avanzadas, microelectrónica, nuevas fuentes energéticas sostenibles, tecnologías cuánticas, nuevos materiales, etc., por citar solo algunas). No hacerlo descapitaliza a las Administraciones públicas y las pone en manos de entidades externas que ejercen algunas de las funciones que deberían ser indelegables. Llevado al mundo de los Perte, hemos defendido reiteradamente y desde el inicio que la gestión debería coordinarse desde oficinas de proyecto formadas por un número reducido de profesionales con alta capacidad de gestión provenientes tanto del ámbito público como privado, pero con una probada capacidad de gestión y orientación empresarial.
Esta exigencia nos lleva a proponer un método en el que se seleccione a los altos funcionarios de las Administraciones responsables en base a criterios diferentes de los actuales, en los que se valoran más capacidades como la memoria y el conocimiento enciclopédico de materias en lugar de otras capacidades más relacionadas con las exigencias de cambio propias del siglo XXI. No es posible que nuestros Gobiernos no dispongan de un equipo amplio de técnicos cualificados y preparados para afrontar las negociaciones y retos que el mundo actual nos exige. Tampoco se entiende que una oposición habilite de por vida para ser el soporte profesional de las Administraciones públicas. En la reciente historia de la Administración española hay casos en los que estas exigencias de experiencia y conocimiento se han realizado con éxito, y se han recogido frutos positivos. Defensa y espacio pueden ser buenos referentes para repetir en otros ámbitos.
¿Alguien se imagina qué pasaría si las empresas aplicasen el mismo principio con la selección de sus profesionales? ¿Cuánto tiempo podrían sobrevivir? Todas nuestras aportaciones al proceso de mejora de funcionamiento de los Perte se han de entender desde el máximo respeto por las garantías en el buen uso de los fondos públicos. Por ello, ser más eficientes en la agilización de las ayudas previstas en los fondos no debe conseguirse a costa de los mecanismos de control que eviten el fraude en su gestión por parte de los beneficiarios. En este sentido, es imprescindible abordar una mejora del funcionamiento de la IGAE, aumentar el número de interventores en plantilla y agilizar los trámites de control contable conforme a criterios europeos de auditoría. Mejorar la tramitación de los fondos europeos no debe hacerse sin perjuicio de un control del gasto más eficaz y rápido de las ayudas que se concedan. Agilidad en el acceso y rapidez en el control son tareas compatibles.
Corrigiendo al menos en parte estas deficiencias, en las líneas que se han sugerido, estaremos en condiciones de no perder para España esta oportunidad, que ha sido tan aplaudida por Europa y ha aportado unas expectativas ilusionantes, pero que no podemos permitir que se frustre. Si así ocurriese, el tan sabido y negativo pesimismo de nuestra sociedad para encarar los procesos de cambio se verá de nuevo reforzado y habremos perdido la oportunidad de varias generaciones para construir un país distinto, más competitivo, consecuencia de la última revolución tecnológica.
Grupo de reflexión de AMETIC
