El pasado 6 de octubre se publicó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con las cuestiones prejudiciales planteadas en el caso “Maximiliam Schrems vs. Irish Data Protection Comissioner”.
Las cuestiones prejudiciales planteaban las dudas del High Court irlandés sobre el cumplimiento de la Decisión 2000/520 sobre Safe Harbor respecto a la normativa comunitaria.
La sentencia es bastante estricta, ya que el Tribunal considera que existe una vulneración sistemática del derecho de protección de datos. Asimismo, en la sentencia se percibe la contienda por el control de la economía digital entre Europa y EE.UU.
En la sentencia declara que:
- Invalida la Decisión 2000/520/CE sobre Safe Harbor. Para ello se basa en que prima la seguridad nacional de EE.UU sobre el derecho de protección de datos, sin limitar de ninguna manera la posibilidad de acceso al gobierno estadounidense. Del mismo modo, una vez transferidos a EE.UU los ciudadanos europeos no pueden ejercitar sus derechos sobre los datos.
- Fortalece la posición de las Autoridades Nacionales para investigar aquellas decisiones o casos en los que se sospeche que existe una vulneración del derecho de protección de datos. De hecho, de la sentencia se desprende que las autoridades deben realizar estas investigaciones para asegurar que las Decisiones publicadas por la Comisión garantizan un nivel de seguridad adecuado.
La sentencia sólo aplica a la Decisión 2000/520/CE. Al no indicar fecha desde la que se considera inválida, lo es desde su publicación. No obstante, esta sentencia podría llegar a afectar a otras Decisiones de la Comisión Europea respecto a las transferencias de datos a otros países, como Uruguay, Argentina, Suiza, Canadá, Nueva Zelanda… dada la obligación de investigar si las decisiones de la Comisión garantizan el nivel de protección del derecho fundamental.
Desde el momento en que la sentencia se publica, las empresas no pueden seguir basándose en la Decisión 2000/520/CE para la transferencia de datos a EE.UU. Las Autoridades de Protección de datos han declarado de manera conjunta tras la reunión del GT29 celebrada el pasado 15 de octubre, que las transferencias que aún se estén llevando a cabo bajo la Decisión Puerto Seguro tras la sentencia del TJUE son ilegales.
Asimismo, en dicha nota realizan un llamamiento urgente a los Estados miembros y a las Instituciones europeas para iniciar conversaciones con las autoridades de EE.UU a fin de encontrar soluciones políticas, jurídicas y técnicas que permitan transferencias de datos al territorio de EE.UU respetando los derechos fundamentales. En cualquier caso, estas soluciones deberían ir siempre acompañadas por mecanismos claros y vinculantes e incluir obligaciones sobre la necesaria supervisión del acceso por parte de las autoridades públicas, sobre transparencia, proporcionalidad, mecanismos de reparación y derechos recogidos en la legislación de protección de datos. Es decir, que en próximo mecanismo se deberá garantizar el nivel de seguridad adecuado.
Asimismo, indican que las Cláusulas Contractuales Tipo y las Normas Corporativas Vinculantes (BCRs) pueden seguir utilizándose, aunque esto no impedirá que las Autoridades de protección de datos investiguen casos particulares, por ejemplo, a partir de denuncias, y ejerzan sus poderes con el fin de proteger a las personas.
Las autoridades dan hasta finales de enero de 2016 para que se encuentre una solución adecuada con las autoridades estadounidenses. En el caso de que no se haya logrado, las Autoridades de protección de datos de la UE se comprometen, teniendo en cuenta la evaluación de las herramientas de transferencia por parte del Grupo de Trabajo, a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas, que pueden incluir acciones coordinadas de aplicación de la ley.
Asimismo, señalan que van a realizar campañas de información adecuadas en sus respectivos países.
La nota finaliza, instando a las empresas reflexionar sobre los eventuales riesgos que asumen al transferir datos y considerar la oportuna puesta en práctica de todas las soluciones legales y técnicas para mitigar esos riesgos y respetar el acervo comunitario de protección de datos. Es decir solicitan a las empresas que analicen los mecanismos existentes, pero también métodos alternativos que permitan garantizar el nivel de seguridad adecuado.
Por tanto, en un marco jurídico inestable las empresas deberán adoptar con una diligencia adecuada a las circunstancias:
- Identificar las transferencias existentes a EE.UU tanto desde un punto de vista del contenido (datos tratados, nivel de seguridad de los mismos, grado de relevancia, medidas de seguridad) como desde el punto de vista jurídico, es decir la base legal para realizarla.
- Valorar si la transferencia se puede llegar a suspender (total o parcialmente) o si es posible anonimizar los datos transferidos.
- En la mayoría de los casos, solicitar autorización a la AEPD si se decide adecuado continuar con las transferencias.
Por último, el texto de Reglamento Europeo de Protección de datos está pendiente de aprobación y probablemente modifique algunos apartados referentes a las Transferencias de datos para adaptarse a la Sentencia.

