Crisis del Covid-19: lo que nos jugamos en Bruselas
La ayuda para la recuperación exige abordar reformas estructurales mediante proyectos creíbles que se alineen con los objetivos europeos
La existencia de las dos grandes crisis vividas en nuestro mundo en el siglo XXI, la de 2008 y la actual, nacida en 2020, nos permiten identificar muchas y muy grandes diferencias entre ellas. Hay, de partida, un origen muy distinto cuando señalamos las causas que dieron origen a ambas turbulencias planetarias. La del 2008 fue debida, entre otros muchos problemas, a los muy serios errores en la implantación de los mecanismos regulatorios de los mercados financieros, que arrancaron con su origen en EE UU y que después se dispersaron por el resto del mundo. La del año en curso se originó por la aparición de un virus, de origen asiático, que ha provocado una pandemia mundial cuyo principal impacto –además de las terribles pérdidas de vidas humanas– ha sido la paralización forzada de casi todas las actividades productivas, en todos los continentes desarrollados y además, todos al mismo tiempo.
Las respuestas que se han dado en España para esta crisis son bien distintas a las que se aplicaron en el periodo 2009-2012. Afortunadamente, las de ahora están en mucha mayor coherencia con las implementadas en el resto de los países de la UE. No vamos a entrar en los aspectos sanitarios donde las políticas dictadas por la OMS han guiado las directrices de los distintos países. Por el contrario, queremos poner el foco en las políticas económicas y sociales que se han implantado en nuestro territorio. En esta crisis, las decisiones de apoyo a las empresas, mediante las líneas de crédito y flexibilidad en las exigencias de pago de impuestos, unidas al decidido uso de los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE), el apoyo a los autónomos y otros colectivos vulnerables y finalmente la aprobación reciente del ingreso mínimo vital, han supuesto una mitigación significativa del dolor que inevitablemente supone una paralización de la actividad global como la vivida en estos tres últimos meses.
Pero ha sido Europa y sus mecanismos de dirección globales –la recién constituida Comisión, el nuevo Banco Central Europeo y el reformado Eurogrupo– quienes han dado un verdadero golpe de timón a las políticas necesarias para corregir los peores impactos de la crisis. Sus firmes decisiones de sustentar, a través de los billones de euros ofrecidos por el BCE, las deudas que los países han generado para atender los costes sociales de la crisis, sumados a los más de 750.000 millones de euros propuestos por la Comisión, bajo el nombre de Next Generation EU, para apoyar la recuperación europea de los países afectados, no tienen nada que ver con las políticas de austeridad ciega con que se enfrentó la crisis de 2008.
Podemos por lo tanto afirmar que Europa, en gran medida, ha dado una respuesta contundente al tamaño e importancia de esta crisis y se ha situado en el papel que desearíamos muchos que jugase en el futuro: una alternativa diferente a la de los dos grandes competidores mundiales, EE UU y China, cuyos modelos de futuro no coinciden con los valores que dominan nuestros valores sociales, políticos y culturales. Y también es bueno apuntar que el papel de España en Europa, de la mano de la vicepresidenta económica del Gobierno, ha sido mucho más proactiva en la propuesta de estas nuevas soluciones que lo fue en anteriores ocasiones. No es, por ello, casual que las propuestas que esperamos se aprueben en breve, encajan mejor en las necesidades que tenemos en nuestro país para salir mejor de esta profunda crisis en la que estamos totalmente inmersos.
La Unión Europea nos exige que, con el fin de facilitar los recursos financieros necesarios para construir el futuro que queremos, abordemos de forma inminente reformas estructurales que fortalezcan la economía española y alivien el impacto de la crisis en el empleo, el tejido productivo, o los servicios básicos de la sanidad a la educación. Y como condición necesaria plantea que esas reformas estén alineadas con las directrices generales que como Unión compartimos: sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo sostenible, donde las transiciones climática, energética y digital son piezas fundamentales. Y lo que es aún mejor, que cada país, para poder disponer de esos recursos, debe presentar sus proyectos a consideración por parte de la Comisión, que evaluará dichas convergencias antes de la liberación de los fondos concebidos como ayudas sin condicionalidad asociada.
Y esa exigencia nos obliga ahora a los países, como debiera haber sido en anteriores ocasiones, a elaborar proyectos innovadores, avanzados, creíbles, sostenidos por sus tejidos sociales, construidos en unos plazos breves si se quiere estar entre los primeros en las posibilidades de poder usar esos recursos. Y aquí nace uno de los serios retos que tenemos en España: concebir esos programas de forma bien articulada y urgente, colaborando con diversos agentes y por supuesto con la inclusión de sus empresas, de forma que opten con éxito a la concesión de esos fondos. Y otro reto más, a defenderlos con fuerza, la que da el conocimiento y el convencimiento, en el seno de Bruselas, donde otros países por cierto ya están haciendo sus deberes.
Desde nuestra asociación, tres o cuatro años antes de que imaginásemos la presente crisis, se viene trabajando en la elaboración detallada de algunos macroproyectos tractores que, basándose en los ejes de la salud digital, la movilidad integrada e integral, una red agroalimentaria digital y una economía integral para los territorios turísticos, debieran poder servir como base para algunas de las propuestas con las que España podría participar en los programas de recuperación formulados por la UE. Estas misiones deben ser diseñadas de forma global, dando cabida en su ambición a toda la cadena de valor, desde la I+D+i hasta la comercialización y también, muy importante, incorporando en su ejecución la formación intensiva de los empleados y su incorporación a las nuevas tecnologías, proceso que ayudará a la obtención de un mejor empleo y un menor coste social.
Teniendo, entre otras, esas materias para proponer, nos quedaría ver cómo articular mejor su defensa en las formas y condiciones con que se juegan estas competiciones. Tener en cuenta desde el Gobierno a las empresas y a sus asociaciones, y por lo tanto aseguran anclar el futuro para la generación de empleo y el crecimiento, puede ser una forma sencilla y conveniente para que, en este escenario tan convulso, la mejor cooperación de lo público y lo privado se convierta en un horizonte lleno de oportunidades.
