Salvaguardando el Estado del Bienestar

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Durante las últimas décadas, España ha desarrollado uno de los estados del bienestar más avanzados del mundo, en el marco de una democracia sólida y con elevadas dosis de justicia social. En la actualidad, sin embargo, surgen dudas crecientes sobre la sostenibilidad de dicho estado del bienestar. La intensificación de la competencia internacional, la pérdida del peso industrial de nuestro país, el elevado nivel de endeudamiento de la economía española y la negativa evolución de los fondos de reserva de la Seguridad Social son evidencias inquietantes de la fragilidad de los fundamentos del estado del bienestar. España afronta en los próximos años importantes retos relacionados con el cambio en los equilibrios geopolíticos, la competitividad internacional y la evolución de la pirámide demográfica. Para afrontarlos, cabe establecer con prioridad una agenda de productividad y reindustrialización.

En el tablero internacional, China emerge con fuerza inusual, y se convierte en la gran potencia emergente industrial, tecnológica y científica del planeta, con una agresiva agenda de innovación. Asia ejecuta hoy el 44’2% de la inversión en I+D mundial (el 22% en China). EEUU ejecuta el 25%, y Europa, el 20%. China, que ya supera a la UE en inversión relativa en I+D (I+D/PIB) avanza significativamente en el control de tecnologías clave de futuro, como la inteligencia artificial, y se encamina a desbancar a EEUU como nación con mayor esfuerzo bruto en I+D en muy pocos años. Todo parece indicar, si se mantienen las dinámicas actuales, que China concentrará la mitad de la I+D mundial en una década.

Pero, además, las viejas alianzas se han roto. Si Europa ha vivido al albur del liderazgo tecnológico americano durante casi un siglo, la alianza atlántica ya no existe. No cabe esperar que EEUU nos provea de la tecnología estratégica necesaria para la prosperidad y bienestar europeos en las próximas décadas. Si Europa quiere seguir siendo un player relevante en el tablero internacional, al menos al nivel de EEUU y China, debe redoblar con urgencia sus esfuerzos en I+D. Para seguir siendo un continente próspero, democrático, digno y ejemplar en el mantenimiento de auténticas sociedades del bienestar, debe controlar campos estratégicos de la tecnología como los semiconductores, la microelectrónica, la inteligencia artificial, la supercomputación, los nuevos materiales o la genómica de última generación. La competición global, el liderazgo internacional y la prosperidad de las naciones, se dirime en el campo del desarrollo tecnológico. Las políticas de I+D, orientadas a superar el fallo de mercado (la inversión subóptima del libre mercado en esas tecnologías) deben reorientarse, dotarse de mayores presupuestos, y ser más efectivas en la conversión del conocimiento en valor social y económico.

Las instituciones europeas, cada vez más preocupadas por la pérdida de competitividad del Viejo Continente, y por la dependencia de éste de tecnología importada, han instado a los países miembros a reindustrializare, y a llegar al 3% de inversión en I+D/PIB, hito que debería cumplirse en 2020. Algunos países europeos, especialmente en el entorno germano y escandinavo, han iniciado sólidas sendas de desarrollo tecnológico y de creación de nuevos modelos industriales digitalizados y competitivos globalmente (“Industria 4.0”). Alemania salió de la crisis financiera de 2008 con un esfuerzo en I+D un 20% superior al de hace 10 años. Pero España queda atrás en esta carrera tecnológica. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la economía española invirtió 14.052 M€ en I+D en 2017, el 1,2% del PIB. Pese a significar un incremento bruto del 6% respecto al año anterior, la intensidad tecnológica de la economía (I+D/PIB) se incrementó sólo en una centésima en el último año (del 1,19 al 1,2%). Una cifra ridícula, que sólo expresa la preocupante parálisis de la innovación española. Cabe destacar que los países tecnológicamente más sofisticados del mundo se sitúan en cotas del 4,3% (Corea del Sur), el 4,2% (Israel), o el 3,4% (Japón). Alemania invierte el 2,9% y EEUU el 2,7%. La media de la UE es del 2%, claramente insuficiente. Y Europa insta a llegar al 3% con urgencia.

España está muy lejos de cumplir esos objetivos. Hoy, la economía española realiza un esfuerzo en I+D idéntico al de 2006. La máxima inversión se alcanzó en 2010 (1,40% del PIB). Desde entonces, estamos descendiendo en los indicadores. La brecha tecnológica para alcanzar los objetivos europeos (3% de I+D sobre PIB) es de 21.078 M€. La economía española debe ser capaz de estimular con urgencia una inversión adicional en I+D de esa magnitud para ponernos al nivel de nuestros competidores internacionales. Este esfuerzo se debe realizar tanto en el segmento público como en el privado (cuyo peso debe alcanzar, según los estándares internacionales, los 2/3 del esfuerzo total en I+D). Este reto sólo se puede alcanzar mediante pactos legislativos de largo plazo. Y, para conseguir el incremento de la inversión privada, es imprescindible incrementar específicamente los incentivos empresariales a la investigación industrial: beneficios fiscales, ayudas directas, créditos preferentes y fórmulas de compra pública innovadora.

En España, las políticas de innovación no han gozado de prioridad, ni de presupuestos estables. Las partidas destinadas a innovación en 2017 en los Presupuestos Generales del Estado (4.635 M€) eran sólo del 55% de las partidas consignadas en 2009. Y, de ellas, se ejecutaba sólo un 29,7% (un 16,3% de lo presupuestado en 2009). Lamentablemente, la innovación ha estado excluida del debate económico, social y político en nuestro país. Las políticas de I+D se han asimilado a ineficientes e insuficientes presupuestos ejecutados, en general, en universidades y centros de investigación públicos, sin indicadores de resultados más allá de los puramente académicos. Se ha minimizado la necesidad de transferir los resultados de la investigación, y de situar a la empresa en el centro de las políticas, como agente productor de valor económico y, por ende, social. Según la última encuesta de innovación europea, sólo el 37% de empresas españolas realizan actividades de innovación, frente al 67% de Portugal, el 65% de Finlandia o el 64% de Alemania. Las políticas económicas han adolecido de visiones holísticas de estímulo de sistemas de innovación orientados a desarrollar una auténtica industria del conocimiento en España, y se han ignorado o infra dimensionado sistemáticamente las políticas y mecanismos de cooperación público-privada y de apoyo a la I+D empresarial. Se ha hecho política de investigación, pero no política de innovación.

Toda evidencia económica lleva a inducir que es urgente cambiar esta dinámica. El mundo se halla inmerso en una carrera tecnológica acelerada, en medio de una revolución científica sin precedentes. La competitividad de los países dependerá de su capacidad de desarrollar e implementar nuevas tecnologías, y convertirlas en productos y servicios de valor. Esa competitividad será la base de los estados del bienestar futuros. Se nos presenta, además, una auténtica bomba demográfica: según el INE el grueso de la población española tendrá entre 55 y 70 años en 2033. Las prestaciones sociales que el estado pueda proveer dependerán de las agendas de productividad, del conocimiento útil generado, y de las inversiones en I+D industrial de hoy.

Es preciso revertir con urgencia la situación de la I+D en España, con el fin de construir una auténtica industria del conocimiento, sostenible, digitalizada y competitiva, y, con ella, ser capaces de afrontar los grandes retos sociales que se avecinan y salvaguardar un estado del bienestar digno e inclusivo. Sólo con una estructura productiva globalmente competitiva e impregnada en tecnología podremos hacerlo.